Libre…ta Jurídica: Kenneth Burbano Villamarín

15 jul. 2026

Por: Kenneth Burbano Villamarín

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En una reñida votación, el pueblo colombiano eligió presidente a Abelardo De La Espriella. Su propuesta incluye una política de seguridad de «mano dura» basada en el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la Policía para recuperar el territorio y combatir a las organizaciones criminales. No adelantará diálogos de paz con grupos al margen de la ley; su opción es el sometimiento a la justicia ordinaria. Además, plantea reactivar y transformar el Plan Colombia y actualizar la Política de Seguridad Democrática.

Iván Cepeda fue derrotado en la segunda vuelta y elegido senador. Propuso superar un modelo de intervención exclusivamente militar mediante una acción integral del Estado. La recuperación del territorio debe ir acompañada de seguridad humana, mayor presencia institucional y diálogo permanente con las comunidades. Asimismo, expuso implementar integralmente los componentes de seguridad del Acuerdo Final de Paz y fortalecer los programas Jóvenes en Paz y el Servicio Social para la Paz.

Ambos proyectos son diametralmente opuestos. Para algunos, el programa del senador Cepeda representaba la continuidad de la política de «paz total» del gobierno Petro, a la que se le atribuye la expansión de los grupos armados, siendo visto como un favorecimiento hacia quienes actúan al margen de la ley. En contraste, De La Espriella, sin experiencia como gobernante o congresista, plantea acciones complejas en materia de paz, seguridad, orden público y protesta social, la eliminación de la JEP y modificar la relación del Estado colombiano con los organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Para otros ciudadanos, este último programa es guerrerista, autoritario y podría propiciar el regreso de graves abusos militares. En todo caso, si se materializan estas propuestas deberá superar los correspondientes controles de legalidad y constitucionalidad.

Como se puede evidenciar, el anhelo y la búsqueda de la paz y la reconciliación en Colombia chocan con las barreras impuestas por la extrema derecha y la extrema izquierda. Pensar distinto es un derecho fundamental; sin embargo, esto no se identifica con la radicalización, los discursos de odio y la eliminación del otro. En la campaña presidencial de 2026, una vez más salió a flote la gran capacidad de hacer daño, atropellar la dignidad humana y acudir a cualquier conducta punible, falaz o perniciosa con tal de obtener el voto favorable de los ciudadanos. Esto no es atribuible únicamente a los candidatos: algunos medios de comunicación parcializados, grupos armados al margen de la ley (amenazando y sentenciando a muerte) y numerosos ciudadanos le apostaron a una cadena interminable de violencia y degradación.

La paz debe entenderse de manera integral; corresponde a un esfuerzo histórico, complejo e ininterrumpido por poner fin al conflicto armado y a otras formas de violencia en nuestro país. Sus expresiones más recientes son: el Acuerdo de Paz con las FARC-EP (cuyo aspecto más complejo ha sido su implementación), los actuales diálogos con grupos armados organizados como el ELN y los acercamientos con algunas estructuras criminales. Las formas de violencia son distintas: los entornos rurales, urbanos e intraurbanos requieren abordajes especiales y diferenciados, aunque sean interdependientes. De manera perjudicial, se ha confundido la «paz total» como política de Estado con la política de seguridad, estando ambas seriamente fracturadas. La paz no solo se refiere a la superación del conflicto armado, sino también a la satisfacción de las necesidades esenciales de las personas, agravadas por el abandono histórico de los gobiernos hacia las poblaciones vulnerables y en aquellos territorios donde el Estado no llega.

La campaña presidencial ya pasó y es necesario superar el delirio. Una cosa son las promesas electorales y otra gobernar respetando la Constitución y los derechos humanos. Asimismo, la oposición política es un derecho fundamental que debe ejercerse con seriedad y objetividad, proponiendo alternativas, criticando y fiscalizando la gestión gubernamental. Seguir actuando con irracionalidad, fanatismo e intereses propios no contribuye a solucionar los problemas socioeconómicos del país. Cuando los extremos se ensimisman en sus narrativas ideológicas e ignoran la realidad de las víctimas y las necesidades de la nación, asfixian cualquier intento de consolidar una paz real y duradera.

Ningún presidente puede abandonar la búsqueda de la paz, ya que ello implicaría desechar el cimiento ético, violar mandatos constitucionales y desconocer un componente sociológico fundamental. Sin embargo, un gobierno no puede ser obligado a continuar con diálogos de paz, negociaciones o acercamientos si las partes incumplen lo pactado y violan el Derecho Internacional Humanitario; del mismo modo, no está forzado a mantener procesos desestructurados y sin avances.